1982 – 2012: Entre honores y beneficios, las sospechas de corrupción – Nota I y II


 

Entre honores y beneficios, las sospechas de corrupción

Lo que habría que averiguar es a qué agujero negro (o a qué bolsillos) van parar las otras miles de pensiones graciables. Carlos Paillet.

Nota I

El abogado y constitucionalista Antonio María Hernández patrocina en sus demandas judiciales a ex combatientes que durante la Guerra de Malvinas estuvieron asignados a lo que podría denominarse la “retaguardia inmediata”; es decir, la defensa de la zona continental marítima comprendida entre Tierra del Fuego, Santa Cruz y Chubut.

A esos ex soldados no se les reconocen todavía los mismos beneficios previsionales que sí tienen los que fueron destinados a la zona misma de combate y estuvieron físicamente en el archipiélago.

La petición judicial que lleva adelante Hernández se basa en argumentos sólidos. Por caso, cita la Convención de Ginebra, que considera como veterano de guerra a todo aquel que estuvo “convocado” durante una situación bélica. Es decir, abarcaría a los oficiales, suboficiales y soldados de las Fuerzas Armadas que fueron acuartelados, aunque no llegaran a la zona de Malvinas.

Sin embargo, el abogado defiende a los efectivos que, incluso convocados, se quedaron en la referida “inmediata retaguardia”, incluida en el Teatro de Operaciones del Atlántico Sur (Toas).

Pero desliza un dato que no por formar parte de una vieja y lamentable sospecha deja de ser relevante: “¿Sabe cuántos efectivos estuvieron en Malvinas? 10 mil”, pregunta y se responde Hernández.

Y agrega a la fórmula: “¿Sabe cuántos cobran pensiones como si hubieran estado en Malvinas? 25 mil”.

¿Por qué semejante diferencia?, se le consulta intuyendo de antemano la respuesta: “Porque el grado de corrupción es brutal. Se debe investigar la magnitud de las irregularidades que hay en este tema”, enfatiza.

Los ex combatientes que mantuvieron una entrevista con este diario (ver “No estuvieron…” ) y que han quedado al margen de los beneficios posguerra dicen que los veteranos reconocidos perciben mensualmente el valor de tres haberes de una jubilación nacional mínima, es decir unos 4.800 pesos.

Además, cuentan con prerrogativas dispuestas por las provincias en las que residen y también tienen la cobertura sanitaria de la obra social del Pami. Nada de esto es cuestionable ni es materia de discusión.

Lo que habría que averiguar es a qué agujero negro (o a qué bolsillos) van parar las otras miles de pensiones graciables.

Esta presunta “estafa” ya la habían planteado los propios veteranos de guerra, cuando denunciaron que el Estado perdería alrededor de 20 millones de pesos al año por pagos indebidos a personas que no tuvieron ningún vínculo con el conflicto de 1982.

No estuvieron en las islas, pero reclaman que los reconozcan

Nota II

Son ex soldados que en 1982 estuvieron destinados al teatro de operaciones. Entre otros beneficios, piden una pensión.

Son ex conscriptos de distintos puntos del país que durante la guerra con Gran Bretaña en 1982 estuvieron destinados al denominado Teatro de Operaciones del Atlántico Sur (Toas), que comprendía las Islas Malvinas, las Georgias del Sur y, también, las provincias de Tierra del Fuego, Santa Cruz y Chubut. Dicen que su deber era “cumplir con la defensa del litoral marítimo patagónico”. Algunos los llaman los “continentales”. A 30 años de aquella contienda perdida, el Estado nacional no les reconoce la condición de veteranos de guerra que ellos reclaman, con el argumento de que no estuvieron “físicamente” en la zona de combate.

Patrulla. Los cuatro ex conscriptos que reclaman recibir el tratamiento de ex combatientes (Sergio Cejas/LaVoz).

Dicen que valoran el reconocimiento “moral” y “honorífico” hacia ellos, pero que al no estar en pie de igualdad con los efectivos que lucharon en las islas, no cuentan con una pensión tributaria ni obra social del Pami, entre otros beneficios negados, según ellos, de manera “inconstitucional”.

Seis de estos muchachos dialogaron con La Voz del Interior sobre sus experiencias en el conflicto y sobre la peregrinación por distintos ámbitos estatales y judiciales para que les concedan lo que reclaman. Rubén Esparza, Dante Orodá, Daniel Omar Bardus y Jorge Álvarez integraron la tropa que por aquellos días de 1982 fue llevada desde la Cuarta Brigada Aerotransportada de Córdoba para cumplir acciones en el Regimiento de Infantería 8, con asiento en Comodoro Rivadavia.

Esparza dice que se hay tres niveles de ex conscriptos ligados al conflicto; los veteranos ex combatientes; los veteranos no reconocidos, y los “soldados conscriptos bajo bandera”, también llamados “cuarteleros”, que son quienes no salieron de sus regimientos de origen (por caso Salta o Buenos Aires) y que piden también ser incluidos en la base de beneficiarios. Miembros de este último grupo, señalan, son los que días atrás cortaron la avenida 9 de Julio en Capital Federal y fueron desalojados por la Policía Federal y Gendarmería nacional en medio de graves incidentes.

“En Tierra del Fuego, Santa Cruz y Chubut estaban las bases desde donde salían los vuelos de abastecimiento a todo el personal de las islas y desde ahí salieron los ataques aéreos que más bajas le infligieron al poder británico. A partir de la creación del Toas, el Comité Militar dictamina las órdenes de operaciones, que son de guerra”, aclara Esparza.

Por su parte, Orodá recuerda que ya estaba de baja de la conscripción y que lo reincorporaron para la guerra luego de una breve “instrucción” de 15 días. “A nosotros nos tratan de estafadores, pero no somos estafadores. Queremos que se haga justicia con todos los soldados que estuvimos en el continente bajo órdenes de operaciones de guerra dentro del Toas”.

Bardus dijo que él había sido destinado al Regimiento 8 de Comodoro y que estaba afectado al abastecimiento de Malvinas, por lo que llegó a volar a las islas. Eso fue para trasladar tropa y pertrechos a la zona del conflicto. “Hay gente que tiene pruebas de que los ingleses llegaron e hicieron playa en Caleta Olivia. De los dos helicópteros que salieron en comisión todas las noches para hacer control de la costa, uno fue derribado. Los milicos lo dieron como un accidente, pero no fue así”, dice Bardus. Y apunta que en ese episodio murieron 17 soldados argentinos.

En dos instancias judiciales han logrados fallos favorables que los reconocen como veteranos de guerra, pero la lucha judicial continúa. Álvarez comenta que hay un padrón de entre ocho mil y 12 mil soldados que están en sus mismas condiciones, y coincide con sus compañeros: “Fuimos tratados de estafadores a la opinión pública y al Estado”, pero agrega: “Nosotros queremos ser incluidos dentro de la ley porque participamos en el Toas cumpliendo órdenes de operaciones de apoyo logístico y de defensa. Tenemos todos los argumentos para ser incluidos dentro de la ley. Nuestro reclamo es justo, porque de hecho participamos en la Guerra de Malvinas”.

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