Una denuncia de PAGINA 12: Por el Periodista Diego Martinéz…El famoso decreto 886 y de porqué hay que limpiar padrones…


Bonito….¿NO? Presten atencion al detalle del decreto 886.

 

CREO QUE SIN DUDAS…NOS QUIEREN BORRAR DEL MAPA!!!

PORQUE LOS “ZUMBOS, OFICHES y OTROS” fueron “adjuntados” a ese decreto y todos nosotros no???

 



Por Diego Martínez PERIODISTA DE PAGINA 12

Un militar prófugo de la Justicia y al menos otros once procesados por
crímenes de lesa humanidad cobran la pensión “honorífica” que el
gobierno nacional paga a ex combatientes de Malvinas. 

Seis meses
atrás, a partir de la denuncia de organismos de derechos humanos, la
Anses suspendió preventivamente el beneficio a ocho represores,
incluido el marino Jorge Acosta, jefe de inteligencia de la ESMA. En
teoría, la Anses y el Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos
Humanos iban a controlar cada mes el padrón de beneficiarios para que
los nuevos procesados dejaran de cobrar y sólo volvieran a hacerlo si
eran absueltos.
 En la práctica, pese a la insistencia de Página12,
fue imposible conocer oficialmente si los controles derivaron en
nuevas exclusiones, pero sí fue posible confirmar que al menos una
docena de retirados de dudosa honorabilidad cobra su pensión.
 
El caso más insólito es el del coronel retirado Norberto Ricardo
Villegas, con pedido de captura de la Justicia federal de Tucumán
desde febrero de 2006 por el caso Vargas Aignasse y por la
desaparición y el robo de la casa de Marta y Rolando Coronel en 1977
.
Según el sitio web de la AnsesVillegas puede retirar su pensión a
partir del 22 de septiembre en la sucursal Luis María Campos del Banco
Nación. El riesgo de quedar detenido es ínfimo
: la Unidad Especial de
búsqueda de prófugos, creada por una ley del Congreso que la
presidenta Cristina Fernández promulgó en mayo, se resiste a existir.
El 9 de agosto, Aníbal Fernández adjudicó la demora a que la Jefatura
de Gabinete no le transfirió los fondos y anticipó que la creación se
concretaría esa misma semana. No volvió a dar señales de vida.

La zanahoria

La pensión para los colimbas que pelearon en Malvinas fue impulsada
por los Centros de Ex Combatientes durante los ’80 y se concretó por
ley 23.848 a fines de 1990
. El pago equivalía al modesto sueldo de un
cabo del Ejército. Carlos Menem la extendió a militares en situación
de retiro o baja voluntaria. En 2004, por decreto 1357, Néstor
Kirchner traspasó la administración del beneficio de la órbita del
Ministerio de Desarrollo Social a la Anses, la transformó en pensión
“honorífica”, aumentó el monto hasta el equivalente a tres
jubilaciones mínimas (poco menos de dos mil pesos) e igualó a
sobrevivientes con derechohabientes de los caídos.

La zanahoria se volvió sabrosa y la Comisión Nacional de Ex
Combatientes, dependiente del entonces ministro del Interior, Aníbal
Fernández, comenzó a presionar para que el pago se extendiera a los
militares, que desde 1994 cobran un plus salarial como ex
combatientes. 

Lo logró en 2005: por decreto 886 pasaron a cobrar todos
los miembros de las Fuerzas Armadas “que hubieran estado destinados en
el Teatro de Operaciones Malvinas”, incluidos marinos mercantes y
miles de oficiales y suboficiales que no se movieron de las bases
continentales.

  (Como???? QUE NO SE MOVIERON DE LAS BASES CONTINENTALES???


Los primeros en cuestionarlo fueron los ex conscriptos, obligados tras
la derrota a firmar en Campo de Mayo un compromiso de silenciar
estaqueamientos, desnutrición y torturas que padecieron de sus
superiores. 
“Los militares fueron a la guerra por vocación, cobrando
un sueldo, cumpliendo su deber, y al volver siguieron cobrando. A los
soldados se les dio de baja y cada uno se las arregló como pudo”,
explica Ernesto Alonso, presidente del Centro de Ex Combatientes de
las Islas Malvinas (Cecim) de La Plata. “Reconocer a los militares con
una pensión honorífica es un acto que coloca bajo el manto del olvido
el reclamo de verdad, justicia y memoria que los soldados sostenemos
desde hace 25 años”, agrega.

Los abusos contra colimbas, que el cineasta Tristán Bauer instaló en
centro de la escena en Iluminados por el fuego, derivaron en 2007 en
una denuncia ante la Justicia federal de Río Grande, Tierra del Fuego,
presentada por el entonces subsecretario de Derechos Humanos de
Corrientes, Pablo Vassel, actual secretario del Consejo de la
Magistratura. La presentación detalla 73 hechos que podrían ser
considerados delitos de lesa humanidad e identifica a 62 imputados,
varios de ellos aún en actividad. La instrucción está a cargo de la
jueza Lilian Herraez y del fiscal Mario Rapoport. Aún hoy resta que
declaren más de sesenta personas, entre víctimas y testigos. Cuando lo
hagan, la jueza comenzará a citar a indagatoria y se producirán las
primeras detenciones.

El decreto

El problema es que ni una imputación por estaquear a un soldado hasta
convertirlo en hielo ni un procesamiento por crímenes de lesa
humanidad durante la dictadura impiden cobrar la pensión “honorífica”.
El decreto 886/05 de Kirchner excluyó a condenados por violaciones a
los derechos humanos, traición a la Patria, delitos contra el orden
constitucional, la vida democrática, o sedición, pero no sentó ningún
criterio sobre los procesados, situación jurídica que exige un
considerable cuadro probatorio, pero no es sinónimo de culpabilidad:
somos todos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Según los
registros del programa Lucha contra la Impunidad del Terrorismo de
Estado del CELS, al día de hoy existen 421 procesados, 42 prófugos y
más de trescientos denunciados por secuestros, torturas y asesinatos,
contra apenas 32 condenados, los únicos excluidos del cuadro de honor.


En marzo, ante el reclamo de organismos de derechos humanos, el
entonces director ejecutivo de la Anses, Claudio Moroni, ordenó
suspender el pago a los represores procesados, “teniendo en
consideración el especial espíritu que ilustra, motiva y conlleva el
reconocimiento”. 
Fueron excluidos entonces los marinos Jorge Acosta,
Antonio Pernías, Juan Carlos Rolón, Ricardo Corbetta, Hugo Enrique
Damario y Juan José Lombardo, el general Osvaldo Jorge García y el
suboficial del Ejército, Juan Carlos Camicha.


Moroni también convino con el Ministerio de Justicia un control
mensual para que dejaran de cobrar y sólo volvieran a hacerlo en caso
de ser absueltos. 
Desde hace dos semanas Página12 intenta
infructuosamente que la Anses, que dirige Amado Boudou, informe si el
control existe y si hubo nuevos excluidos. El ministro Fernández
informó por medio de su vocero que cada mes el Registro de
Reincidencia actualiza el padrón de procesados, aunque ignora si hubo
nuevos excluidos. En los recuadros que acompañan esta nota se enumeran
once casos de militares procesados por secuestros, torturas y
homicidios que ponen en duda su honorabilidad y que aún cobran la
pensión. A ellos debe agregarse el prófugo Villegas y también ex
carapintadas que no llegaron a ser condenados sólo porque se fugaron
del país a tiempo, como el mayor médico Pablo Santiago Llanos.


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